BREVE HISTORIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

justicia

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

 ANTECEDENTES HISTORICOS:

El primer Boletín Oficial No.1 del año 1976, nace este Organo Jurisdiccional de la República del Ecuador, para promover la expansión del Derecho Administrativo, de la Jurisprudencia y la Doctrina.

El deseo es hacer conocer a la Nación, una síntesis de la instauración de la jurisdicción contenciosa administrativa en el Estado,  concretado en el Proyecto de Ley de la materia, está fundamentado en doctrina y normas constitucionales.

La Asamblea Constituyente de 1966-1967, la que en la Constitución Política del 23 de mayo 1967, crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como rama de la Función Jurisdiccional, hasta entonces no constaba en ninguna Constitución, esta rama de la Función Jurisdiccional se dividía en dos:

  1. De lo Judicial
  2. De lo Contencioso.

El legislador constituyente sabiamente estima que el Estado por su organización política y jurídica, por los varios actos complejos emitidos, que tienen una finalidad suprema de garantizar y asegurar, la convivencia pacífica de todos los ciudadanos, es necesario precisar de un ordenamiento jurídico acorde al desarrollo político y social, demandaba  de nuevos órganos jurisdiccionales especializados. Como técnica jurídica, era una rama jurisdiccional encargada, privativamente de conocer y resolver los conflictos entre administrado y la Administración, generados de un acto, hecho u operación administrativos. Por lo tanto era indispensable que la justicia administrativa restablezca el derecho del gobernado, que haya sido violado, negado o no reconocido total o parcialmente por la Administración Pública, ejerce este derecho a través de dos recursos.

  1. Recurso de Plena Jurisdicción o subjetivo.
  2. Recurso Objetivo o de Anulación.

La jurisdicción contencioso administrativa trasciende de la órbita individual al ámbito colectivo, establecido el Tribunal por la Constitución Política de 1967,  correspondía a la Comisión Legislativa expedir la ley que rectore su jurisdicción y lo hace con el No. 035-CL el 28 de Febrero de 1968, y la ejecuta el Presidente Constitucional del 15 de marzo 1968. Después de creada la ley se fueron creando varios Decretos Supremos que le atribuían autonomía e independencia al Tribunal.

Boletín Oficial No. 8 del año 1987, antes este Tribunal se llamaba Consejo de Estado, pudo sobrevivir a varios regímenes de facto, mas se han ido incrementando más causas que las dos Salas que son insuficientes.

TIPOS DE RECURSOS.

En el Boletín Oficial  No. 2 del año1977, manifiesta que el Control Jurisdiccional exige la presentación de una demanda formal ante el tribunal competente una vez que se haya agotado la vía administrativa, para mantener un control jurídico de la Administración, es decir cuando la providencias no son susceptibles ya de recurso alguno. Para que el Derecho Administrativo no sea una disciplina solamente teórica, el Tratadista Dr. Solon Wilches dice: “ha surgido la jurisdicción administrativa que constituye un control, su garantía, y que vela porque se aplique no sólo en las relaciones entre el Estado y los particulares, sino también entre el Estado y sus distintas dependencias y organismos de derecho público.- así como existen dos clases de derecho que son los públicos y privados, de la misma manera es necesario tener dos jurisdicciones y dos clases de Tribunales. Los Judiciales y los Administrativos. Las ideas matrices son diferentes en el derecho público y en el derecho privado”.

Así la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para amparar a los derechos de los administrados y asegurar la legalidad administrativa contempla dos recursos.

RECURSOS DE NULIDAD Y OBJETIVO.- Este tiene por objeto restablecer la legalidad violada por el acto administrativo, mediante la anulación del acto-regla, pues el recurso ha sido sustituido en garantía del interés público. El fin esencial de este recurso es salvaguardar el derecho objetivo de las violaciones en que puede incurrir la actividad administrativa.  Inciso tercero de la ley dice: “El  recurso  de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el   cumplimiento   de   la   norma  jurídica  objetiva,  de  carácter administrativo,  y  puede  proponerse  por quien tenga interés directo para  deducir  la  acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal”. Para este recurso deben cumplirse los siguientes requisitos para demandar:

  1. Que el acto tenga carácter general (objetivo),
  2. Que viole una norma jurídica objetiva.
  3. Y que el petitum se concrete a la nulidad del acto-regla cuestionado, como único objetivo que pueda perseguir el demandante, interesado directo en deducir la demanda.

Las características de este recurso son:

  • Puede ser deducido por cualquier persona natural o jurídica que tenga interés directo.
  • La acción no caduca, es decir que puede ser propuesta en cualquier tiempo, atento el interés permanente del imperio de la ley.
  • La sentencia recaída en un recurso de anulación que se reduce a declarar la nulidad del acto impugnado, produce efecto “erga omnes”.
  • El recurso no es desistible.

La legislación ecuatoriana distingue con mucho acierto este recurso de anulación u objetivo.

RECURSO DE PLENA JURISDICCION O SUBJETIVO.- Este de la  nulidad del acto administrativo o del procedimiento administrativo, que el Tribunal debe declarar al dictar sentencia de merito dentro del recurso  de plena jurisdicción o subjetivo debe:

  1. Incompetencia de la autoridad o funcionario o empleado que haya dictado la resolución o providencia.
  2. Omisión o incumplimiento de las formalidades legales que se deben observar para dictar una resolución o iniciar un procedimiento. De acuerdo con la ley cuya violación se denuncia siempre que la omisión o incumplimiento causen gravamen irreparable o influyan en la decisión. La ley lo tipifica así: “El  recurso  de  plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo  del  recurrente,  presuntamente  negado,  desconocido  o no reconocido  total  o parcialmente por el acto administrativo de que se trata”.

Estos dos recursos son completamente diferentes, distintos esencialmente, y producen efectos distintos.

Este recurso se fundamenta en la necesidad de amparar el derecho subjetivo, negado, desconocido o no reconocido por la Administración, o simplemente vulnerado por la autoridad administrativa, sus características  son:

  • Solamente puede proponerse en el término previsto para el efecto por la ley 90 días.
  • La sentencia además de declarar la legalidad o ilegalidad del acto administrativo impugnado, ha de resolver también en segundo caso sobre la pretensión respecto a una situación particularizada del actor.
  • La sentencia produce efectos solo “inter partes” , o sea entre quienes intervinieron en la contienda o tienen interés directo en el “mantenimiento del acto o disposición que motivare la acción contenciosa administrativa”.
  • La acción procede únicamente contra actos creadores de situaciones subjetivas, concretas, particulares de los administrados.
  • Por tratarse derechos individuales, la acción se halla sujeta a desistimiento.

Además con el Decreto Supremo No. 1077 del Registro Oficial No. 392, del 17 septiembre de 1973, le atribuyo al Tribunal conocer los juicios coactivos originados en resoluciones dictadas por la Contraloría General de la Nación, ahora Contraloría General del Estado.

No tiene competencia en los de carácter civil o penal que pertenecen a la jurisdicción ordinaria, y otros emanados de actos políticos del Gobierno, las resoluciones emanadas de los organismos electorales.

Esta teoría del Derecho Administrativo nace de manera realista y objetiva y crea una conciencia de lograr el fortalecimiento de la defensa de los derechos de los administrados contra los errores o excesos de poder de la Administración Pública.

Realizado por: Dra. Abg. Inés Guerrero Celi

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2 comentarios

  1. octubre 18, 2012 at 12:39

    Quisiera ver si puedo iniciar un reclamo o demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debido a que nos dejaron sin trabajo en forma no motivada el 20 de enero en el Ministerio del Ambiente a más de 150 funcionarios (yo fui Presidente de la Asociación de empleados), ¿todavía estoy a tiempo?, ¿los derechos prescriben?.

    Atentamente,

    Mgs. Ing. Agr. Santiago Salazar C.
    C.I. No. 170669191-0
    Ciudadano Ecuatoriano
    Cel. No. 0998361620
    Presidente de la Comunidad Científica Ecuatoriana

    • inesguerrero said,

      octubre 24, 2012 at 23:58

      Hola Santiago si usted puede presentar una demanda ante el contencioso lo unico es que hay que revisar la resolucion de despido para conocer que accion se puede plantear de nulidad o subjetiva.
      Adios espero haber contestado su inquietud


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